La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente informe sobre violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, que comprende el periodo entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo de 2026. De acuerdo con el documento, durante ese tiempo se registraron 435 agresiones contra ese tipo de liderazgos, lo que representa una disminución del 25,3 % frente al ciclo electoral de 2022 (582 hechos). 

“Esta reducción no implica una mejora sustancial en las condiciones de seguridad. Más bien lo que hay es una transformación en la dinámica de la violencia que se orienta hacia el control territorial y a emplear modalidades de agresión más focalizadas y estratégicas”, explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Estas nuevas dinámicas concentran el riesgo alto en las autoridades locales. El documento concluyó que en los liderazgos políticos, quienes tienen mayor afectación son los concejales; en los liderazgos sociales, los indígenas; y en los liderazgos comunales, los presidentes de Juntas de Acción Comunal.

Uno de los principales hallazgos del informe es el aumento de la violencia contra liderazgos políticos, que concentraron el 62,5 % de las agresiones (272 hechos), con un incremento del 12,9 % frente al proceso anterior. Además, la violencia letal contra este grupo creció en un 31 %,  al pasar de 51 a 67 casos, lo que evidencia un mayor riesgo para quienes participan directamente en la contienda electoral.

A propósito, la MOE rechazó de manera categórica las recientes amenazas y actos de intimidación dirigidos contra candidaturas a la Presidencia de la República. La organización hizo un llamado urgente a las autoridades para investigar el origen de las agresiones, y a capturar y sancionar a los autores de las mismas.  

“Cualquier ataque contra la integridad de quienes participan en la contienda electoral no es solo una agresión individual, sino un atentado directo contra la democracia. La violencia política impide un debate plural y seguro, aspectos que son centrales en los procesos electorales”, dijo Barrios.

Otro de los hallazgos del informe es un incremento alarmante en los secuestros en contra de liderazgos políticos, que pasaron de un caso en 2022 a 14 en 2026, así como el aumento de la violencia asociada a grupos armados ilegales, que creció en un 126,8 %, lo que puede traducirse en una mayor presión de la violencia territorial sobre el proceso electoral.

En lo que tiene que ver con la distribución territorial de los hechos de violencia, las agresiones se registraron en 193 municipios de 28 departamentos, con una alta concentración en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá. Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) concentraron el 30,6 % de los hechos de violencia, y más del 50 % de los asesinatos. Esas cifras reflejan la persistencia de riesgos altos en territorios históricamente afectados por el conflicto.

Dentro de sus recomendaciones para contrarrestar la violencia que enfrentan los liderazgos políticos, sociales y comunales, la MOE propone un modelo de articulación donde las entidades territoriales asuman el liderazgo y acompañen de manera efectiva los mecanismos dispuestos por la Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección. “Los gobernadores y alcaldes son las primeras autoridades de Policía. Por esa razón son ellos los llamados a construir políticas preventivas que involucren a la comunidad, a la fuerza pública y a otras entidades del Estado”, dijo Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. 

En cuanto a las mujeres, la organización registró 80 agresiones contra lideresas, lo que representa una disminución del 46,3 % frente a 2022. La MOE destacó los casos de la violencia vicaria (aquella ejercida contra los hijos e hijas para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre), cuya tipología se incorporó en la Ley 2453 de 2025. Estos hechos se presentaron en Caldas, Norte de Santander, Meta y Antioquia

Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades para que se rediseñen los esquemas de seguridad, así como priorizar estudios de riesgo colectivo para dotar a las comunidades de sistemas de alerta. De igual modo, a articularse con la fuerza pública en territorio para asegurar corredores viales y municipios con afectaciones registradas.